Derecho penal
Es la rama del derecho que se encarga de regular todos los delitos estableciendo las penas que a cada uno le pueden corresponder y que pueden consistir en prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad, privación de derechos, inhabilitación y suspensión para cargo público, prohibiciones de comunicación y aproximación, localización e, incluso, privación de la patria potestad. Debe tenerse en cuenta que, desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser sujetos declarados responsables de la comisión de delitos, lo que conlleva que puedan imponérseles penas que abarcan desde la imposición de multas hasta incluso decretarse la disolución forzosa de la sociedad.
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Debido a la gravedad de las repercusiones que puede tener la tramitación de un procedimiento por delito, tanto por las penas que directamente se pueden imponer en una sentencia como en atención a las repercusiones que puede llegar a tener una condena en otros ámbitos como el familiar (privación de la patria potestad, régimen restrictivo de comunicaciones con los hijos), el laboral (antecedentes penales que impidan acceder a empleos o cargos públicos e incluso inhabilitaciones para el desempeño de los mismos) y otros (privación del carnet de conducir, de la licencia de armas…), se exige siempre la intervención de un abogado en este tipo de procedimientos para salvaguardar los derechos de los implicados, tanto de las víctimas como de las personas frente a las que se dirigen.
Estos procedimientos pueden suponer, en los supuestos más graves, la imposición de penas de prisión permanente revisable o, a nivel de sociedades, su disolución, por lo que resulta esencial encomendar la defensa a buenos profesionales de confianza para evitar resultados fatales.
En Cantavella & Gil Abogados somos especialistas en la tramitación de todo tipo de delitos, de principio a fin, estando en condiciones de ofrecer un servicio profesional, riguroso y dedicado que permita al cliente tener la seguridad de que la defensa de sus intereses está en las manos adecuadas desde el primer momento, cuando puede ser necesaria la asistencia de un abogado de confianza en dependencias policiales, y hasta la conclusión del procedimiento penal, interviniendo en todo lo relativo a la ejecución de sentencias (suspensión o sustitución de penas, ejecuciones dinerarias, permisos de salida, refundición de penas…).
La defensa de los derechos de los perjudicados merece igualmente un trabajo riguroso y profesional para garantizar que el procedimiento penal finalmente cumpla con los fines de Justicia material a los que también responde, obteniendo la condena de los responsables y logrando la indemnización de los daños y perjuicios que se puedan haber causado a las víctimas del delito.
Debido a la idiosincrasia propia de este tipo de procedimientos penales, resulta igualmente imprescindible valerse de los servicios de abogados profesionales que sepan velar porque el procedimiento no sufra demoras injustificadas y dentro del mismo se realicen todas aquellas actuaciones necesarias para acreditar la comisión de un delito, las personas responsables civil y penalmente y la obtención de la reparación del daño causado.
En ocasiones, la intervención en un procedimiento penal no viene determinada por una responsabilidad penal, tanto como acusadores como acusados, sino que se interviene en un procedimiento porque podamos ser objeto o beneficiarios de una acción civil, como por ejemplo cuando nuestro vehículo ha resultado dañado por un accidente provocado por un conductor que conducía bajo los efectos del alcohol o el coche que conducía esa persona es de nuestra propiedad. En esos casos, la intervención en el procedimiento penal tiene por objeto perseguir ser íntegramente indemnizados o, por el contrario, reducir la responsabilidad civil que puedan exigirnos como responsables civiles directos o subsidiarios.
En todo caso, la mejor salvaguarda de nuestros intereses pasa por estar debidamente asistidos por abogados de confianza que puedan defender nuestros intereses con garantías, ya que aunque la intervención “sólo” tenga por objeto una cuestión económica, debido a las elevadas responsabilidades civiles que pueden ventilarse en el ámbito de un juicio penal, siempre es una postura inteligente y rentable acudir a un profesional que vele por nuestros derechos.
Es una de las materias de Derecho Penal que más ha evolucionado en los últimos años hasta alcanzar una idiosincrasia propia, fruto de constantes e importantes reformas producidas en esta materia que han incrementado las penas por este tipo de delitos de forma exponencial, dado lugar a la creación de Juzgados especializados a los que se les ha encomendado su tramitación en exclusiva, lo que ha permitido que este tipo de procedimientos se resuelvan con una celeridad muy alejada de lo habitual para los demás delitos.
A su vez, el elevado número de conductas que pueden integrar un delito de violencia de género ha generado que se produzca un número creciente de intervenciones policiales por denuncias relacionadas con este tipo de delitos circunstancia que, unida a las graves consecuencias que pueden acarrear estas denuncias y la celeridad con la que se tramitan, conlleva la necesidad de disponer de un asesoramiento jurídico especializado desde el primer momento, tanto desde el punto de vista del denunciado como desde la perspectiva de la víctima, que precisa de un asesoramiento previo a la interposición de cualquier denuncia.
En el ámbito de la violencia doméstica, que es aquella producida entre los miembros de una familia que no dé lugar a violencia de género, el legislador también ha incrementado los esfuerzos para agilizar la tramitación de estos delitos, facilitando la adopción de medidas cautelares e incrementando las penas con las que se castiguen, por lo que van ganando una relevancia que anteriormente no se les reconocía.
Es una rama especializada dentro del derecho penal cuyo ámbito de actuación radica en aquellos hechos que, pudiendo constituir un delito, son cometidos por menores de edad. Sin embargo, no debemos pensar que esta rama del derecho se dedica a castigar, pero menos, a los menores que pueden haber cometido un delito, ya que su objetivo no es el castigo sino que prima la reeducación del menor, esto es, analizar qué factores han podido llevar al menor a cometer el delito y adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para eliminar los factores de riesgo y, así , evitar que pueda volver a cometer en el futuro otro, facilitando su reinserción social, su formación y el acceso al mercado laboral, de forma que sólo en los casos más graves se adoptan medidas que supongan un internamiento del menor.
Así mismo, también tiene por objeto establecer la responsabilidad de los menores y de sus progenitores por los daños y perjuicios que puedan haber causado, estableciendo las medidas oportunas para que se valore el daño y se indemnice a aquellos que han sufrido un perjuicio por la actuación de menores, respecto de la que pueden ser declarados responsables los padres de éstos.
La experiencia atesorada a lo largo de años de ejercicio y dedicación a este tipo de asuntos sitúa a Cantavella & Gil Abogados como una opción de garantía para confiar la defensa de los derechos de los menores y sus progenitores, así como para intervenir en este tipo de procedimientos en defensa de los derechos de los eventuales perjudicados por los actos cometidos por menores de edad.